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Sección: Estado de Veracruz

Congreso actuó fuera de la ley y Suprema Corte tira Concejo Municipal de Mixtla

- “Poder Legislativo veracruzano tergiversó un artículo para utilizarlo como fundamento”, declaran Ministros

- Explicación de la Legislatura para justificar su actuar es que “afrenta a la Constitución”

- Diputados invadieron “en grado de subordinación” la competencia municipal

- Corte ordena restituir a integrantes del Ayuntamiento en un plazo de 24 horas

Claudia Montero Xalapa, Ver. 26/04/2021

alcalorpolitico.com


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El Congreso de Veracruz manipuló la ley para justificar la suspensión de poderes en el Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano en julio de 2019, por lo que deberá restituir en el cargo a sus integrantes.

Y es que tanto la suspensión como el nombramiento de un Concejo Municipal provisional fueron actos ilegales, resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la sentencia de la Controversia Constitucional 267/2019.

El pasado viernes 23 de abril, la Suprema Corte publicó la sentencia emitida por unanimidad por los miembros de la Primera Sala, en la que otorga un plazo de 24 horas a partir de que la resolución sea notificada, para que el Congreso del Estado restituya en sus cargos a los miembros del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano, entre los que se encuentra el síndico Ricardo “N”, actualmente en prisión señalado de ser el autor intelectual del homicidio de la alcaldesa de ese municipio, Maricela Vallejo Orea.



Dentro de la resolución, la Suprema Corte exhibió el actuar ilegal del Congreso de Veracruz, señalando que la Legislatura tomó “una decisión que resulta totalmente ajena a lo dispuesto en la ley”.

Citó como fundamento de su decisión una norma que no le otorga la facultad de suspender provisionalmente a un Ayuntamiento.

“A nuestro juicio, más que acogerse a un fundamento legal, el Poder Legislativo veracruzano actuó fuera del marco de la ley, tergiversando el contenido de un artículo para utilizarlo formalmente como fundamento”, declararon los ministros.



La SCJN exhibió que la explicación dada por la Legislatura para justificar su actuar, era una afrenta a la Constitución.

“Se advierte que las consideraciones suscritas para justificar esta postura por parte del Congreso Local y la decisión propiamente dicha de suspender provisionalmente un Ayuntamiento y designar consiguientemente un Concejo contradicen de manera frontal al texto constitucional. Se da una invasión de competencias municipales en grado de subordinación”.

Asimismo, la sentencia también ordena anular la intervención de la Tesorería Municipal, señalando que, si bien las legislaturas cuentan con facultades de fiscalización de los recursos públicos, “esa facultad no puede ser ejercida ni arbitrariamente ni bajo cualquier supuesto; de lo contrario, se permitiría a las legislaturas un grado tal de intervención en los municipios que prácticamente haría nugatorio el régimen de autonomía municipal”.



Por lo que la Suprema Corte resolvió que “se declara la invalidez total del Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz el cuatro de julio de dos mil diecinueve, mediante el cual se autoriza la intervención en la Tesorería del Municipio a fin de supervisar y evaluar el gasto programado”.

Asimismo, procede declarar la inconstitucionalidad de los artículos primero y segundo del Decreto 273.

La consecuencia de esta declaratoria de invalidez es que quede sin efectos la suspensión provisional dictada del Ayuntamiento del Municipio actor, así como la designación que se hizo de un Concejo Municipal.



Estableciendo que el Poder Legislativo de la entidad deberá llevar a cabo todos los actos necesarios para garantizar que los integrantes del Ayuntamiento actor sean restituidos en sus funciones debiendo informar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación las acciones que haya tomado al respecto en un plazo de veinticuatro horas contadas a partir de la legal notificación del asunto.

El desastre en Mixtla

El 9 de julio de 2019, el Congreso de Veracruz —de mayoría morenista— suspendió los poderes del Ayuntamiento de Mixtla de Altamirano tras la petición que hiciera el gobernador Cuitláhuac García Jiménez por la “presunta pérdida del orden y paz pública del municipio”, según justificara ante la Legislatura.



Esto se determinó tras el asesinato de la alcaldesa Maricela Vallejo Orea meses antes, el 24 de abril del mismo año.

Aunque la suplente a Alcaldesa, Margarita Montalvo Acahua, buscaba permanecer en el cargo, los diputados locales avalaron la petición del Ejecutivo, por lo que se designó a un Concejo Municipal como autoridad en el municipio.

Desde el inicio, cabe recordar, esta medida causó molestias en la zona, pues pobladores llegaron a tomar el Palacio Municipal demandando que el pueblo nombrara a sus autoridades y que se respetara su autonomía. Incluso, en sus protestas, llegaron a encarar a los integrantes del Concejo Municipal.



También en aquellas fechas, agentes y subgentes municipales demandaron la intervención del Congreso del Estado y del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) para que se investigara al Concejo, a unos meses de que iniciará labores, pues afirmaban que había irregularidades en obras y acciones, señalando hasta desvíos millonarios.

En noviembre del 2020, la Suprema Corte ya se había pronunciado sobre la intervención de la Tesorería.

Y es que cuando Ayuntamiento aún estaba constituido y no se había aprobado la desaparición de poderes, demandó al Congreso del Estado por un acuerdo publicado en la Gaceta Oficial que autorizaba la intervención en la Tesorería del municipio, “a fin de supervisar y evaluar el gasto programado”.



Los ministros de la Primera Sala consideraron que era procedente y parcialmente fundada una Controversia Constitucional, es decir, ya habían considerado que el Congreso intervino irregularmente la Tesorería.

Ahora, con la nueva resolución de la Corte, el Congreso tiene 24 horas a partir de que le notifiquen, para disolver el Concejo provisional que nombró de manera ilegal y restituir en el cargo a todos los miembros edilicios.