Denuncian ante PGR fiesta entre tortugas, en isla protegida

El ambientalista José González interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de las personas que, presume, causaron daños a los ecosistemas de la isla Salmedina, en el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano. También demandó sanción para los funcionarios federales y locales que, por omisión, permitieron la organización de esta celebración de cumpleaños en el área de anidación de tortugas.

El exregidor de Veracruz opinó que no puede tomar en serio a las autoridades ambientales cuando tardaron 50 horas en acudir al lugar de los hechos para verificar los daños denunciados en redes sociales, pues una lancha no demora más allá de 30 minutos en desplazarse hasta el lugar.

“Como abogado lo veo mal. En el Nuevo Sistema de Justicia Penal tienen que ser los principios de prontitud e inmediatez, aquí fueron 50 horas después; en ese lapso pudieron pasar un sinfín de cosas, pudieron sembrarse evidencias o haber cambiado la situación. La autoridad se tomó todo el tiempo del mundo para actuar y circunstanciar los hechos, eso se llama, aquí en y en China, corrupción, ignorancia, falta de valores y de compromiso con la causa que ellos según representan”.



González acudió a la delegación de la PGR ubicada en la avenida J.B. Lobos, en el Puerto de Veracruz, para interponer la denuncia en esas instancias. Asimismo, de los hechos explicó que la fiesta duró hasta la madrugada con música estridente y las autoridades no hicieron nada para intervenir a los responsables, pese a que había más de 100 personas ahí.

“Hubo pirotecnia, el ruido que produce es sumamente grave. El artículo 420 del Código Penal se refiere a los delitos ambientales, a quien dañe a lo protegido; de acuerdo con la norma 59 de la SEMARNAT, en 2010, se castiga hasta con 9 años de prisión y se añaden otros 3 cuando se causan estos perjuicios en área natural protegida; por lo tanto, es un delito grave”.

Hizo hincapié en que también encontraron delitos cometidos por servidores públicos y que, de comprobarse la omisión, se castiga a los funcionarios con la destitución y una sanción hasta por 20 años.