Entra en vigor la nueva Ley de Seguridad Pública para Veracruz

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez promulgó la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la Ley de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, ambas del Estado de Veracruz.

Los ordenamientos legales cobran vigencia para, por un lado, regular la coordinación entre el Estado, los Municipios y la Federación, mediante la integración, organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Seguridad Pública y establecer el marco jurídico aplicable al Servicio Profesional de Carrera en las Instituciones de Seguridad Pública.

Y por otro, establecer las bases de coordinación entre las autoridades estatales y municipales, así como la participación de los sectores privado y social, en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia.



La Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública establece la conformación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica, que será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Seguridad Pública, con autonomía técnica y de gestión, para la investigación y detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita que se efectúen en el Estado.

Así como una Unidad de Análisis e Inteligencia y la Conferencia Estatal de Seguridad Pública Municipal, que estará integrada por los titulares de las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública, de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública y de la Fiscalía General del Estado.

También por dos Presidentes Municipales representantes de cada una de las dieciocho Regiones que conforman a la Entidad, siendo electos anualmente por el Consejo Estatal.



Mientras que los Ayuntamientos deberán integrar Consejos de Seguridad Pública como instancia de coordinación, deliberación, consulta y definición de políticas públicas en la materia.

Asimismo, se establecerá el Servicio Profesional de Carrera Policial que comprenderá los esquemas de profesionalización, ingreso, percepción económica, permanencia, reconocimiento y separación o baja.

Tendrá por objeto garantizar el desarrollo institucional, la estabilidad, la seguridad y la igualdad de oportunidades de los integrantes de las Instituciones Policiales; elevar la profesionalización mediante los estudios que realicen; fomentar la vocación de servicio y el sentido de pertenencia, así como garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución General, en la Constitución Local y en los Tratados Internacionales de los que México forme parte.



Mientras que la Ley de Participación Ciudadana para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia señala que la prevención social de la violencia y la delincuencia se llevará a cabo mediante la implementación de programas integrales de desarrollo social, cultural y económico que no produzcan estigmatización, incluidos los de salud, educación, vivienda, empleo, deporte, desarrollo urbano y seguridad pública.

También procura la promoción de actividades que eliminen la marginación y la exclusión, el fomento de la solución pacífica de conflictos, a través de los medios alternativos que determine la normatividad respectiva y con estrategias de educación y sensibilización de la población para promover la cultura de legalidad y la paz respetando las diversas identidades culturales, incluye programas generales y aquellos enfocados a grupos sociales y comunidades en altas condiciones de vulnerabilidad.

Señala que el acceso a la justicia y la atención a víctimas de violencia y delincuencia debe considerar la asistencia, protección, reparación del daño y prevención de la revictimización, a través de la atención inmediata y efectiva a víctimas de delitos, en términos del impacto emocional y el proceso legal, velando por sus derechos y su seguridad en forma prioritaria.