Yunes pretendió coaccionar pago a empresarios, pero resultó ilegal: Abogados

Luego de que un Juez federal concediera una “sentencia histórica” a empresarios veracruzanos y se lograra declarar la inconstitucionalidad del decreto para la revisión de los adeudos de proveedores, el Gobierno del Estado tendrá que pagar un aproximado de 40 millones de pesos a más de 20 empresarios que son representados por el bufete de abogados Aguirre & Montoya.

Durante conferencia de prensa, el abogado Argel Humberto Aguirre García, titular de la citada firma, señaló que en Veracruz no hay Estado de Derecho, “lo sufrimos con Duarte y lo sufrimos con el actual Gobernador”, expuso al referir que la facultad constitucional del mandatario estatal es velar por el uso correcto de los recursos públicos.

No obstante y ante la deuda que dejó el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, Miguel Ángel Yunes Linares condicionó los pagos a empresarios a una revisión, al argumentar que se trataba de empresas “fantasma”.



“Pero el que acusa está obligado a probar y si tenía pruebas las tenía que haber dado a una autoridad competente, pues en caso de que el Gobierno del Estado tuviera elementos de prueba suficientes para acreditar que existen adeudos irregulares o fuera de Derecho, es a las instancias jurisdiccionales y no al mismo Estado a las que corresponde determinarlo. Si él decía que había empresas ‘fantasma’ o ‘chocolate’, tenía que haber presentado las pruebas y los tribunales debían resolver”, señaló Aguirre García.

Dijo que el Gobernador pretendió imponer un procedimiento discrecional, mediante el que se coacciona el pago “y esto es por demás ilegal”. Agregó que la relevancia de esta sentencia de amparo radica en la clara señal que envía el Poder Judicial de que ni el Mandatario en funciones se escapa del control constitucional.

“Y sin duda se erige como un faro de esperanza para cientos de proveedores del Gobierno estatal que simplemente no han encontrado la manera de hacer valer sus derechos frente a los incumplimientos que se acumulan desde la administración de Duarte”.



El abogado aceptó que, efectivamente, hay proveedores "fantasma" y no se oponen a que se actúe en contra de ellos; no obstante, dijo que un Gobernador no puede ser Juez y parte en la determinación de si los adeudos proceden o no, pues prácticamente se estaría dejando que el Secretario de Finanzas cambie los contratos individuales de los proveedores y les imponga cargas adicionales, es decir, está fuera de las atribuciones del Mandatario y es anticonstitucional, tal como lo declaró el Juez federal.

Miguel Ángel Yunes se equivocó al realizar un decreto para que fueran los empresarios quienes acudieran a entregar toda la información sobre sus contratos con la administración anterior, pues eso está vedado por la Constitución. Así, ahora el Gobernar ya no tiene excusa para no pagar los adeudos a los empresarios veracruzanos.

“Son empresarios a los que nosotros hemos verificado y son serios, familias que incluso han perdido su patrimonio”.



"En la sentencia del Juez federal se solicita al Gobernador que en caso de que determine no pagar el adeudo, señale las razones, pero no tendrán fundamentación ni motivación", finalizó el abogado.