La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XII)

La encomiable labor de Nelson Mandela, el destacado opositor de la política del “Apartheid” en Sudáfrica, que separaba represivamente los territorios, ocupaciones y derechos de la población según el color de la piel, beneficiando a la población blanca sobre las demás, es un ejemplo mundial a favor de la justicia y la igualdad. En sus tiempos de estudiante fue expulsado de la universidad por participar en una reunión de protesta. Más tarde, fue encarcelado durante 27 años por su lucha contra la desigualdad y la injusticia. Siendo un ávido lector, su largo tiempo en prisión le permitió concluir sus estudios universitarios a la edad de 44 años, escribir más de 255 cartas que muestran su sólido perfil humanista y justiciero. Es entendible, entonces, su célebre frase: “La educación es el gran motor del desarrollo personal. Es el arma más poderosa para cambiar el mundo”. Gracias a su digno compromiso con los oprimidos, recibió el Premio Nobel de la Paz y su gran liderazgo social lo llevó a convertirse en el primer presidente de su país, proveniente de sus poblaciones originarias. Su incansable lucha por el cumplimiento de la ley, la justicia, y el bienestar de los marginados la dejó marcada con otra frase célebre “El honor pertenece a aquellos que nunca abandonan la verdad, aunque las cosas parezcan oscuras y severas, a aquellos que tratan una vez y otra vez, a quienes nunca se desaniman por los insultos, la humillación e incluso, los fracasos”.



La nota anterior ofrece una reflexión útil para quienes conformamos la “Red UV por la Legalidad” que se enfrenta al poder administrativo torcido por unos cuantos. Se trata de un grupo reducido, encabezado por Martín Aguilar, quien pretende secuestrar a la máxima casa de estudios de Veracruz. Lo respalda la Junta de Gobierno y directivos que buscan mantener sus prebendas administrativas, sin importarles que están pisoteando la legislación universitaria y el prestigio institucional ganado a pulso por generaciones de universitarios desde 1944, año en que fue fundada la UV. Una muestra contundente de su ilegal actuación es que en el sitio web de la propia Junta de Gobierno aparece el Acta # 218 de su reunión del 15 de mayo de 2025. Esto es, mes y medio antes de conceder la prórroga ilegal a Martín Aguilar. Ahí queda anotada la evidencia de que los propios asesores jurídicos de la Junta, el Lic. Oscar Ocampo Acosta y la Maestra Nájera Cabal les aclararon, respectivamente, que no están facultados para dispensar el requisito de la edad ni para obviar o cambiar lo que la legislación vigente los obliga en la designación de rector”. Lo anterior deja ver que, a la Junta de Gobierno, por apatía o por descaro, no le importó faltarle el respeto a la universidad y a la sociedad; tampoco le preocupó dejar constancia que su consigna de mantener a Martín Aguilar en la rectoría fue más importante que su honorabilidad. Esa transgresión queda como una grave herida en la autonomía universitaria; la que será repudiada por la historia de nuestra casa de estudios.

En sus primeras declaraciones del día de ayer a la prensa, como supuesto rector, Martín Aguilar vuelve a dejar constancia de su recurrente uso de mentiras al afirmar que ningún juez federal ha puesto en tela juicio la legalidad de la prórroga. Nuevamente, ese dicho es falso. Por ejemplo, en el juicio de amparo indirecto 646/2025, presentado por el Dr. Carlos Welch, la Jueza Federal Lic. Laura Monserrat Cristino Sánchez del Juzgado 18avo. de Distrito en el Estado de Veracruz establece lo siguiente: “Cabe mencionar que la negativa de la suspensión solicitada, de ninguna manera significa que el procedimiento mediante el cual se otorgó la prórroga al actual rector para seguir en su cargo, se haya realizado conforme a los parámetros constitucionales y legales establecidos para tal efecto, ya que este aspecto, en su caso, será motivo de análisis en la sentencia que se llegue a dictar en el juicio de amparo del que se derivan los presentes autos”. En pocas palabras, el fallo sobre la ilegalidad de la prórroga no ha sido resuelto y tampoco en los otros casos pendientes de resolución constitucional. Que quede claro, la suspensión del acto de entrega de la prórroga no fue aceptada por los jueces bajo el argumento de que afectaría la operación normal de la Universidad; sin embargo, aún no se resuelve sobre la ilegalidad del procedimiento inventado por la Junta de Gobierno.

La no tan extraña noticia es que, finalmente, después de más de dos meses, el “portavoz” de la Junta y presidente de la misma, se dignó sacar la cara ante el reclamo por su actuación torcida y bajo consigna. Y para que no hubiera duda de su parcialidad, lo hizo en compañía de su jefe Martín, mostrando cerrazón, autoritarismo y total desconocimiento de nuestra legislación. Ahí se atrevió a decir, como si fuera el abogado conocedor, que había presentado quejas ante el Poder Judicial para que se desechen los amparos interpuestos por los miembros de la comunidad universitaria que ven afectados sus derechos. Que quede claro, el presidente de la Junta no tiene atribuciones para presentar esa controversia, tampoco como ciudadano por el evidente conflicto de intereses. Eso es otra grave transgresión a la ley que se suma a todas las anteriores. ¿Dónde está la Consejería de Derechos Universitarios cuya función es defender a sus miembros frente a la actuación ilegal, represiva e irresponsable de las autoridades? ¿Ahora resulta que lo que anunció Martín Aguilar ayer en los medios de que ya tenían ganados todos los amparos es otra mentira y que le está preocupando lo que puede venir? El señor Pinos Rodríguez dejó ver claramente que nada más está ahí para romper las leyes y defender los intereses del rector; y no los de la comunidad universitaria. Su comportamiento público lo delata en cada momento en que toma decisiones.



Mientras se termina de resolver la oscura actuación de la Junta y de Martín Aguilar, la Red UV por la Legalidad ha decidido recurrir a otras vías; entre otras, la de contrarrestar la actuación represiva de la autoridad universitaria y su torpe propaganda que sólo señala los artículos de nuestra legislación universitaria que se refieren a la posible extensión de cuatro años más del primer periodo rectoral; pero que se olvida de mencionar el resto del cuerpo normativo universitario, incluido el reglamento de la Junta de Gobierno, que obliga a abrir una convocatoria a todos los aspirantes a rectoría, con la finalidad de que la comunidad universitaria analice y respalde la que a su parecer, es la mejor propuesta para proyectar la imagen y alta misión social de la Universidad Veracruzana. Los miembros de nuestra comunidad universitaria son inteligentes y capaces de tomar decisiones informadas y razonadas. A eso le tienen pavor los que la quieren secuestrar. Por ello es que la Red UV por la Legalidad acrecienta su membresía y el impacto de su actuar; porque vamos a preservar la imagen, honorabilidad y responsabilidad social de la universidad de todos los veracruzanos.

Y no sólo se ha transgredido la legalidad, también nuestros protocolos universitarios y la comunicación horizontal de una institución que se debe distinguir por los valores de la pluralidad, la libertad de opinión, el respeto a la opinión del otro. Tres días después de que Martín Aguilar convocara a “foros de consulta”, ya sin representatividad legal alguna, pudo haber aprovechado el plantón del lunes 1 de septiembre en rectoría para solicitar la palabra y dar su versión de las cosas. Sin embargo, huyó de la rectoría. Haberse quedado a intercambiar opiniones implica valor, auténtico liderazgo y congruencia entre el hablar y el actuar. Él y sus miembros incondicionales de la Junta han tenido más de dos meses para escuchar la opinión de quienes hemos hecho ver la ilegalidad de la prórroga, aún antes de que le fuera entregada. La conclusión es que al no haber atendido a un segmento cualitativamente representativo de la UV ni a los miembros de anteriores juntas de gobierno, la mayoría personas distinguidas en el ámbito universitario nacional y algunos expertos en jurisprudencia universitaria, han dejado ver su proclividad por romper las leyes. El juicio definitivo de esta afirmación lo tendrá la historia de la autonomía universitaria en México y en Veracruz; pero por lo pronto, estamos dispuestos a defenderla, porque ahora es violentada por un reducido grupo que opera bajo el manto de ocultos intereses extrauniversitarios.
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Ver artículos de la serie:
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (I)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (II)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (III)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (IV)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (V)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (VI)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (VII)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (VIII)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (IX)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (X)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XI)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XII)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XIII)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XIV)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XV)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XVI)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XVII)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XVIII)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XIX)