La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (IX)

Es factible que la Rectoría y la Junta de Gobierno de la UV hayan pensado que la maniobra planeada para presentar la solicitud y asignar la prórroga a Martín Aguilar podría pasar desapercibida; con todo y que se iban a afectar los derechos individuales de la comunidad universitaria y de quienes esperaban competir por la rectoría. También se pudo suponer que las posibles quejas de los afectados se podrían diluir con un convincente texto que justificara la “procedibilidad legal” del método ideado, fuera de las normas que rigen a la UV, y el imparcial reporte de logros y resultados de la Rectoría en los últimos cuatro años. Todo ello sin importar que habrían de utilizar sólo 12 días hábiles y una breve consulta para enaltecer su decisión de ampliar cuatro años la gestión de Martín Aguilar, aunque no cumpliera con el requisito de edad exigido por nuestra legislación “porque ya lo había cumplido cuatro años atrás”. Esto es equivalente a afirmar que los documentos de identidad ya caducados (licencias, pasaportes, credenciales) siguen siendo vigentes porque en la fecha en que se entregaron, se cumplieron los requisitos.

Además, ¿por qué iban a hacer caso del requisito de edad si ya el Rector y la Junta se habían brincado ese obstáculo legal al nombrar un par de años atrás al Secretario Académico actual?, ¿acaso las autoridades no tienen el derecho de decidir qué leyes sí van a respetar y cuáles no? ¿Cómo no lo van a hacer si trabajaron arduamente para llegar al poder? Con otro añadido, si ya se llegó al poder nunca hay que soltarlo porque no hay nada mejor que hacer lo que uno quiera. El problema de ese sueño guajiro es que, eventualmente al despertar, termina imponiéndose la realidad que se encarga de recordar que la ley sí es la ley.

Desde los primeros meses en su encargo, el Rector saliente pudo haber aprendido que las decisiones personales arbitrarias son rechazadas cuando no cumplen con los protocolos de la legislación universitaria. Me refiero a su errónea decisión de cerrar un centro de investigación de alto nivel que ofrecía estudios de posgrado acreditados por el patrón de excelencia del CONAHCYT y con docentes doctorados, miembros del SNI. Ese centro había sido creado por el Dr. Emilio Ribes, uno de los escasos miembros eméritos del Sistema Nacional de Investigadores quien, además, había recibido el Doctorado Honoris Causa por la propia Universidad Veracruzana por sus aportaciones relevantes a la psicología latinoamericana, a la innovación académica y por haber sido uno de los tres fundadores de la actual Facultad de Psicología en Xalapa. Lo insólito es que el arrebato del Rector se justificó de manera inverosímil: “porque había división en su interior”. Con esa misma justificación, ¿a alguien se le podría ocurrir que hoy es necesario cerrar la Universidad Veracruzana por la división causada por una prórroga ilegal?



La correcta actuación de rectoría, con el apoyo de sus colaboradores, “expertos en legalidad, excelencia académica e historia universitaria”, hubiera sido la de coadyuvar a dirimir las diferencias y apuntalar el futuro exitoso de un centro de prestigio nacional que ya desapareció por iniciativa de quien nunca se dignó reunirse con ambas partes. Su actuar provocó que por primera vez en la historia autónoma de la Universidad Veracruzana, se tuviera que recurrir a los juzgados para dirimir un asunto que debió resolverse al interior de nuestra casa de estudios. Así fue como inició en estas administración la bochornosa y múltiple presencia de la máxima casa de estudios de Veracruz ante los tribunales.

Esto ha dejado constancia de incompetencia administrativa, ignorancia de la legislación universitaria o, en el peor de los casos, de la transgresión consciente de la legalidad que ahora incluye también a la Junta de “Gobierno”. Lo más lamentable es que de no recomponerse el proceso legal de designación de rector, el daño institucional será mayúsculo; lo que abriría la puerta para recurrir a los tribunales penales por causar daño moral y funcional a la Universidad Veracruzana.

Lo insólito de la actual crisis es que el órgano de gobierno que debe representar los intereses de toda la comunidad universitaria, que por definición obliga a que sea plural y pensante, esté respondiendo sólo a los intereses personales de rectoría. Al haberse prestado a aprobar la prórroga, de manera servicial e ilegal, en tan sólo doce días hábiles y con el aval amañado de menos del 2% de la comunidad universitaria porque fueron notorios los inadmisibles “acarreos”, se cometió un acto reprobable y contrario a la honorabilidad ética que debería distinguirla. Esa acción violó el procedimiento establecido por la legislación universitaria que exige dos meses de arduo trabajo por parte de la Junta que está obligada por ley a lanzar una convocatoria para el registro de aspirantes a la rectoría, a evaluar su perfil y propuestas, a escuchar la opinión de los universitarios, a seleccionar a l@s candidat@s formales a la rectoría, a realizar una segunda auscultación entre los universitarios y, finalmente, a proceder a la designación del rector o rectora. Este elaborado proceso fue ignorado por la Junta de Gobierno cuando siete de sus 9 miembros prefirieron el camino distorsionado de otorgar una prórroga directa a quien no cumple con el requisito legal de la edad.



Ante el desastre causado surgen algunas preguntas. ¿Por qué la Junta de “Gobierno” ha sido sorda ante más de 250 críticas públicas sustentadas en medios estatales y nacionales, así como en decenas de miles de mensajes en las redes sociales?, ¿acaso no merecen atención los reclamos de miembros distinguidos de nuestra comunidad universitaria y de centros educativos o de investigación de alto nivel de distintas partes del país que son ex miembros de anteriores Juntas de Gobierno, de ex rectores, de egresados y jubilados de la UV que han aportado para que la trayectoria de nuestra universidad destaque en México y en el extranjero?, ¿acaso resultan insignificantes las expresiones de rechazo de más de 800 universitarios que hasta ahora conforman la Red UV por la Legalidad?, ¿en verdad les resultan más importantes los intereses y beneficios de un grupo que pretende secuestrar a la Universidad de todos los veracruzanos frente al prestigio e imagen social de la UV que está llamada a ser una de las mejores universidades de la nación?, ¿continuará la Junta con su sordera ante la magnitud del rechazo universitario y social por su insostenible decisión?

Tal y como han señalado otros colegas, la ambición personal de Martín Aguilar no sólo no se sostiene legalmente; tampoco se justifica ante los exiguos logros de su administración que está culminando con la mayor crisis en la historia de la UV. Hay evidencias contundentes que visibilizan un control burocrático coercitivo, basado en amenazas y represalias a quienes piensan diferente a los mensajes de la propaganda de su administración.

¿A eso se debe que evadiera la evaluación de su gestión ante el escrutinio de los demás aspirantes a la rectoría y ante toda la comunidad universitaria?, ¿es esa la razón por la que prefirió ser evaluado por 7 miembros de la Junta de Gobierno, donde la mayoría ya estaba preparada para elogiar sus cuestionables resultados y otorgarle la prórroga?, ¿por qué no se amparó ante su restricción legal por no cumplir el requisito de edad y se dispuso a competir con otras propuestas de desarrollo institucional?, ¿por qué prefirió el camino torcido de una prórroga directa que no está reglamentada en la legislación y que es contraria al procedimiento claramente establecido?



Las respuestas a tales interrogantes están en manos de la comunidad universitaria. Sin embargo, en el fondo, queda mancillada la honorabilidad de una Universidad, que entre una de sus funciones cruciales está la de asegurar la formación integral de los universitarios, lo que implica el fortalecimiento de la conciencia ética; esto es, la promoción de los grandes valores universales tan necesarios en un siglo en el que urge resolver enormes desafíos relacionados con la gente y la naturaleza.

Otro asunto a dilucidar es la razón de haber dejado constancia fotográfica de su reunión con quien está en espera de ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). ¿Acaso deseó dejar el mensaje que ya está preparada la orden directa a los jueces que tienen en sus manos las solicitudes de amparo ante la prórroga y la omisión de la convocatoria para que resuelvan a favor de él? En nada ayuda a la imagen de imparcialidad que necesita el Lic. Hugo Aguilar Ortiz, Presidente electo de la SCJN, cuando sale fotografiado con quien provocó cinco solicitudes de amparo en los tribunales federales. A menos de que se desee enviar el mensaje de que, a partir del 1 de septiembre, la nueva forma de operar la justicia en México será mediante la impunidad de los amigos que transgreden la ley. Por último, se sabe que los dictámenes de suspensión son complejos de resolver, pero para cualquier juez con solvencia jurídica y moral, el análisis de nuestra legislación universitaria dejará claro que hubo quebranto en el proceso establecido para designar al rector o rectora y que con ello se afectaron los derechos individuales. Confiemos en la honorabilidad de los jueces porque los cinco juicios de amparo interpuestos siguen su curso. No es cierto “que ya fue aceptada la prórroga”. Es una de tantas artimañas de la rectoría, ante las que los jueces federales no se dejarán engañar y, menos, intimidar.
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Ver artículos de la serie:
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (I)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (II)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (III)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (IV)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (V)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (VI)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (VII)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (VIII)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (IX)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (X)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XI)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XII)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XIII)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XIV)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XV)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XVI)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XVII)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XVIII)
La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (XIX)