La trascendencia social de la Autonomía Universitaria (II)

La civilización humana ha llegado al grado de evolución que conocemos, gracias al aporte de individuos, instituciones, formas de organización social, gobiernos progresistas y organizaciones, donde el talento, las reglas de juego y la cooperación han sido cruciales. El camino no ha sido fácil, las tendencias progresistas que buscan afanosamente el bien común, la justicia y la calidad de vida para todos, siempre se han enfrentado a quienes los mueve el interés personal y el cortoplacismo, a costa de lo que sea. La historia de la humanidad ilustra con claridad esos momentos difíciles e identifica a personajes que, sin importar el retroceso social que causan, su motivación está regida por ambición, acuerdos oscuros, soberbia o egolatría, lo que se traduce en autoritarismo e ilegalidad. Desde luego que la civilización humana tiene agendas pendientes fundamentales. ¿De qué dimensión? Se trata nada más y nada menos que de la supervivencia del planeta. Es mucho lo que hay que recorrer para abatir la escandalosa desigualdad social y la destrucción de la naturaleza, provocada por quienes a cambio de beneficios cortoplacistas, causan confrontaciones, inequidades, miseria y migraciones, causantes de delincuencia, violencia e inseguridad.

Al respecto, la autonomía universitaria tiene un papel crucial: el de coadyuvar en la construcción de la sociedad del futuro que supere tales anomias sociales. Y en esa labor, no sólo se trata de promover conocimientos, destrezas, nuevas formas de organización social, sino también, una cultura de la honorabilidad; del respeto a los demás, a la naturaleza y a las reglas del juego; esto es, la consolidación de una cultura que fomente la productiva y sana convivencia.

La reflexión anterior es pertinente por el momento que está viviendo la Universidad Veracruzana, sobre todo, porque está en juego la autonomía que conquistó hace veintinueve años. Con el fin de orientar la gobernanza soberana de la UV, fue necesario construir la normatividad que garantizara el tránsito armonioso entre sus subsecuentes administraciones rectorales. Mucho se ha escrito y dicho sobre las razones jurídicas y, también éticas, por las que no procede la petición de una prórroga que ignora no sólo la contundencia de la Ley de Autonomía y del Reglamento de la Junta de Gobierno sobre la designación del rector sino también, el principio de la precedencia jurídica. Este principio jurídico establece claramente la primacía que tienen ciertas normas sobre otras. Los artículos que se refieren a la prórroga, se desprenden de normas precedentes que mandatan categóricamente a la Junta de Gobierno sobre el proceso de designación.

Si bien la normatividad de la UV explicita claramente que la Junta de Gobierno es la responsable de llevar a cabo el proceso de designación del rector, también la mandata sobre el proceso a seguir. Esto es, la Junta de Gobierno no está habilitada legalmente para hacer interpretaciones de la Ley de Autonomía, no son atribuciones de ese órgano colegiado. Tampoco es atribución del rector o de sus colaboradores. El rector puede someter iniciativas al Consejo Universitario para cambiar la Ley de Autonomía; pero como bien sabemos, es la Legislatura del Estado a la que le corresponde la atribución de cambiarlas. Cuando el Rector propuso el año pasado cambios a la Ley de Autonomía y que fueron aprobados por mayoría en el Consejo Universitario, hubo voces que alertaron sobre la intención de fondo de ese cambio, otorgarle un beneficio personal al Rector, dado que no cumpliría con el requisito de la edad. He ahí un problema de implicaciones éticas, es absolutamente cuestionable cambiar la normatividad para satisfacer una ambición personal, en lugar del beneficio institucional. Ese es un antecedente fundamental para explicar los acontecimientos actuales; sobre todo, porque no hubo condiciones en la Legislatura del Estado para sacar adelante el cambio de la Ley Orgánica que fue iniciativa del rector.

Siempre he insistido en que la Junta de Gobierno tiene gente honorable que no estará dispuesta a perjudicar su bien ganada imagen y trayectoria, préstandose a una ilegalidad. Y lo sigo sosteniendo. Sin embargo, no estamos observando actuaciones convincentes entre alguno(s) de sus miembros. Y digo alguno(s) porque a lo largo de siete procesos de designación de cuatro rectores, ha quedado claro que en la composición de miembros externos e internos, las labores ejecutivas quedan usualmente en manos de miembros locales porque tienen una comunicación interpersonal y acceso más fluido entre ellos y con la administración universitaria. Muchas sesiones del pleno se conducen ahora en Zoom y otras aplicaciones. La razón de este comentario es que la Junta de Gobierno aceptó, primero, evaluar la solicitud del rector mediante un proceso “formal” de consulta a la comunidad. Ese proceso de consulta no está explicitado en el Reglamento que norma sus actividades. Su artículo 30 mandata dos momentos: Una consulta cuando ya están inscritos los aspirantes y la otra, cuando ya se seleccionó entre ellos a los candidatos. La gran preocupación y es muy entendible, es que algunos miembros de la Junta logren convencer al pleno que con esa consulta no reglamentada, se puede desatender el mandato de la ley sobre la convocatoria abierta y demás ordenamientos para designar al rector. La intención de ese procedimiento ilegal es claro, no participar en la convocatoria porque no se cumple con el requisito de ley. En caso de que esto sucediera, significaría una monstruosa transgresión de la ley, propicada por la máxima autoridad personal de la Universidad Veracruzana y aceptada por la Junta de Gobierno.

El motivo de esta preocupación se materializó al analizar el formato que divulgó la Junta de Gobierno para que la comunidad universitaria “evalúe la procedencia de la solicitud de prórroga del rector”. No sólo se promueve que la comunidad interprete la legislación, lo que es absolutamente improcedente; sino que parece replicar la misma irregularidad de los “acordeones” repartidos para inducir el voto de la gente con el fin de asegurar el nombramiento de los candidatos al poder judicial, seleccionados previamente. La similaridad entre los juzgadores votados con respecto a los inducidos es indignante. El formato de “evaluación” que circularon algunos miembros internos de la Junta de Gobierno, es un instrumento sesgado, diseñado para inducir una respuesta favorable a la petición ilegal del rector.

Ya lo han comentado otros analistas, la pregunta presenta sólo los artículos que describen la posiblidad de una prórroga, pero no mencionan aquellos artículos precedentes que mandatan cómo debe ser el proceso de designación. Haya sido como haya sido diseñado ese instrumento, el resto de los miembros honorables y pensantes de la Junta de Gobierno están convocados a analizar y ponderar si van a ser parte de una maniobra prefabricada que busca la permanencia ilegal del actual rector por cuatro años más. Las evidencias ya son contundentes. Me permitiría sugerir que para no dejar espacios abiertos a esa intentona, brindemos nuestra opinión masiva utilizando ese medio, por más cuestionable que sea. Tenemos en nuestras manos la decisión si aspiramos a un México tramposo ante el resto del mundo o preferimos un país progresista, donde se cumplen las leyes y se trabaja por el bien común. La autonomía universitaria no sólo debe protegerse con respecto a intereses oscuros externos, sino también internos. Quienes piensan que pueden secuestrar a la Universidad Veracruzana no están considerando su historia, su prestigio, su aporte histórico al desarrollo de Veracruz y del país. No reflexionan sobre el daño que están haciendo al regresar a nuestra Máxima Casa de Estudios a tiempos porriles. Habemos muchos que estamos seguros que la UV está llamada a ser un faro de arte, ciencia, luz porque se trata de la Liz de Veracruz.