Ahora ya sabemos: si sentimos que hay algún riesgo para la soberanía nacional, el peligro se puede conjurar con asambleas populares. Lo que no sabíamos es que la soberanía de México tiene nombre y apellidos: Andy López Beltrán, y que su integridad está en crisis porque Estados Unidos, en uso de su propia soberanía, le canceló la visa al hijo del señor que se fue a su rancho.
            En protesta por ese acto agresivo del gobierno vecino, Morena convocó a asambleas en cabeceras municipales, colonias y comunidades de todo el país para "fortalecer la organización territorial y la participación de la militancia en la defensa de nuestra patria". Como hacían las sociedades de alumnos cuando el mundo era joven y tal vez más ingenuo. Pero no se ve de qué van a servir esas asambleas en nuestro siglo.
            Andy López no representa nada. No es funcionario ni es mando de algún partido ni nada, ni habla en nombre de nadie sino en el suyo propio, que si se mira bien tampoco significa nada. Es, para decirlo en breve, hijo de su papá. Que Andy invoque la suspensión de su visa como un ataque a la soberanía nacional muestra que no tiene idea de lo que dice, o que la soberbia de su apellido le nubla el entendimiento. O las dos cosas.
            Así como la señora de Palacio Nacional se queja de ataques a la soberanía cuando alguien se mete con México, Andy debería entender que Estados Unidos es suficientemente soberano como para decidir a quién le da visa. Pero no. Pide que cesen al secretario de Estado de Estados Unidos, en una flagrante violación del principio de no intervención que tanto invoca la señora de Palacio.
            La protesta de López junior hace que uno se pregunte por qué es tan importante para él viajar a Estados Unidos en estos tiempos decadentes y lamentables de odio, racismo, drogadicción, desintegración familiar, inconformidad social y tristeza, como él mismo dice en su carta a Trump. La idea oficial es que la cancelación de la visa de Andy es un ataque directo a la cuarta transformación. De ese tamaño. La ignorancia es arrogante.
            Y luego están las listas

            La asesora legal de la Presidencia – Luisa María Alcalde – dio a conocer una lista de nombres de periodistas cuyos comentarios terminan tranformándose en críticas más y menos severas al gobierno. La señora, que al parecer no tiene mucha idea del lenguaje, dijo que no presentó una lista negra sino un "análisis digital de contenidos que han sido retomados y amplificados por cuentas falsas".
            Pero la señora Alcalde no entendió lo que había hecho. Y no leyó el diccionario: una lista es una enumeración de personas, como la que presentó en un canal oficial durante una transmisión pagada con fondos públicos. Y la presidenta tampoco entendió que el gobierno no está a salvo de la crítica: se queja de que los periodistas y los medios de su lista se oponen a lo que huela a la cuarta transformación. Muy su derecho. El gobierno no tiene derecho a que lo traten bien, y cada una de sus acciones está sujeta al escrutinio público.
            Muchos de los cuatroteístas tienen la piel muy delicada y no se han dado cuenta de que la cosa pública puede ser brutal. Si la oposición, o la ultraderecha, o quien sea, se queja del gobierno y lo critica, es muy su derecho. Ningún gobierno tiene garantizado el apoyo total de los medios o de otros factores políticos. La oposición es oposición porque no está de acuerdo, punto.
            Lo que el gobierno no tiene – porque la ley no lo dice – es el derecho de usar recursos públicos para identificar a sus críticos. La ignorancia es arrogante.
            Desde el balcón
            Uno sale al balcón de la cocina, mira la muralla vacía de vencejos, y mueve el gin & tonic en el vaso y piensa. Otra vez, el gobierno de Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mal, está violando los derechos de dos trabajadores que desde hace siete años tendrían que haber recibido el dinero que les corresponde según la ley. Pero la ley, como dijo el señor que se fue a su rancho, no es la ley.

            Son – o fueron – empleados de la secretaría de Educación. Y los recursos para pagarles no aparecen por ningún lado. El Congreso no aprobó fondos para pagar esos adeudos en los últimos cuatro años. Y ahí están los trabajadores, pueblo bueno. Uno prueba el trago fresco, y sabe que la justicia es lenta pero nunca llega.