Tiene razón Ignacio Morales Lechuga cuando afirma que cuando un juez constitucional confunde su labor con la de distribuir riqueza (...) empieza a imaginarse legislador moral de la República, como es el caso de Lenia Batres, ministra de la Suprema Corte designada por el señor que se fue a su rancho. La señora declaró que tanto los bienes como las cuentas de ahorro que se heredan "representan patrimonio recibido por una persona sin que este provenga directamente de su propio trabajo" y tienen que pagar impuestos.
            Aunque la ley es clara: la fracción veintidós del artículo noventa y tres de la Ley del Impuesto sobre la Renta dice sin dudas ni recovecos que los bienes o fondos que se reciban como herencia o legado están exentos de impuestos. Más allá de la intención de hacer ingeniería social, la idea de la señora Batres es peligrosa porque afectaría a las personas de más escasos recursos, a quienes menos medios tienen para litigar contra el fisco.
            La Corte – afirma la señora Batres – "debe contribuir a una mejor distribución de la riqueza en lugar de concentrarla", como si la Corte tuviera el poder de repartir la riqueza. Como si la ley no fuera precisa a la hora de definir: para los ciudadanos, lo que no está prohibido está permitido, pero las autoridades sólo pueden hacer lo que las leyes les dicen expresamente.
            La peligrosa ocurrencia de la ministra se suma a una serie de barbaridades jurídicas y políticas de la Suprema Corte, como la discutible compra de camionetas de lujo para los ministros que nunca oyeron a su mesías proclamar que se podía vivir con doscientos pesos, o como la desastrosa idea de revisar casos y cosas juzgadas, que dañarían el principio de certidumbre jurídica, o como la pobreza lingüística de ministros y ministras, que han llegado a leer en sus teléfonos lo que dicen, o como el hecho de que la propia señora Batres necesite y pague a más de setenta personas para elaborar sus ponencias...
            Cualquiera diría que la Suprema Corte está en manos de improvisados e improvisadas a quienes eligió el voto popular. Otra vez, se trata de personas que al parecer cumplen con la cuota de noventa por ciento de lealtad y diez por ciento de experiencia, lo que equivale a cien por ciento de nada. A esto hemos llegado.
            Desde el balcón

            Cuando el calor aprieta, uno sale al balcón y lleva un gin&tonic por si las dudas. Los cactos del jardín del convento de enfrente tienen flores blancas que miran por encima de la muralla. De vez en cuando se oye un murmullo que pronto se convierte en algarabía de turistas que siguen a una señora con paraguas amarillo. Luego se pierden por las calles de la ciudad vieja, y todo vuelve a ser casi como antes.
            Pero no. Uno piensa en los profesores de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, que llevan tiempo exigiendo seguridad laboral, transparencia y condiciones justas, pero sobre todo que les paguen lo que les deben, en algunos casos desde el año pasado. Nadie les dijo que la gobernadora Rocío Nahle – que, aunque lo niegue, dijo que daría su nombre a un salón de palacio de gobierno de Xalapa – anunció hace meses que se habían saldado los pagos pendientes con los docentes de la Upav.
            No era verdad. Hasta fecha, nadie sabe dónde va a parar el dinero de las cuotas que pagan los estudiantes – unos trescientos millones de pesos anuales –, y nadie ha asumido la responsabilidad de informar qué, quién, cuándo, cómo. La semana pasada hubo protestas en Acayucan, en Orizaba y en Álamo, y los maestros advirtieron que van a instalarse frente al palacio de gobierno o frente al Congreso en Xalapa, a ver si así les hacen caso. Lo más probable es que no.
            Uno piensa en la CNTE y los ochocientos millones de pesos que desembolsó el gobierno para que levantaran su protesta en la Ciudad de México, bebe un sorbo de gin&tonic, e imagina qué pasaría si el sindicato de profesores se solidarizara con sus colegas veracruzanos. Porque al fin y al cabo en Veracruz el dinero no es problema.