Sabemos, porque la gobernadora lo ha dicho, que en Veracruz el dinero no es problema. Pero también sabemos, porque lo hemos visto una y otra y otra vez, que el problema de Veracruz es el grupo que administra el dinero. Hay varios casos que confirman la incapacidad o la falta de voluntad del gobierno para manejar los recursos públicos.
         Doña Rocío Nahle declaró hace menos de tres meses que el senador Manuel Huerta no sabía lo que decía cuando criticó a las autoridades de salud por usar vales en vez de dinero en efectivo para pagar los bonos de fin de año. Y se llenó la boca.
         El senador Huerta –dijo la gobernadora– "nunca ha trabajado en la industria" y desconoce cómo operan los esquemas administrativos y laborales de ese sector. Nadie le dijo a la señora que el gobierno no es una industria sino una organización destinada, al menos en teoría, a administrar el patrimonio de una colectividad y ofrecer servicios buscando el bien común.
         Quizá eso sea cierto en otras latitudes, pero no en Veracruz. El primer caso que nos ocupa es de los médicos residentes del Centro de Alta Especialidad de Xalapa. El hospital no tiene suficientes medicamentos ni insumos adecuados para atender a sus pacientes, ni papel higiénico en los sanitarios, ni jabón para lavar las sábanas ni las batas que se usan en el sanatorio.
         Primero usaban uniformes quirúrgicos con colores según el servicio, después los hicieron usar uniformes blancos, luego uniformes con nuevos colores, y ahora nuevamente les exigen uniformes blancos que los médicos tienen que pagar de sus bolsillos. Al parecer, el dinero no es problema siempre cuando sea el dinero de otros.
         Otro caso notable

         Hace poco más de una semana la gobernadora anunció que ya se había iniciado el pago de los salarios que se adeudaban a los trabajadores de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, pero no a todos les ha ido bien en la desorganización financiera.
         Por lo pronto, los profesores de la UPAV en Jáltipan anunciaron que suspenden sus labores porque no les pagan sus honorarios desde hace casi un año y medio, aunque han seguido dando clases y ofreciendo acompañamiento académico a los estudiantes.
         Hasta donde se sabe, la institución recibía alrededor de trescientos millones de pesos anuales en cuotas de recuperación y otros cobros, y todo ese dinero lo manejaban la Alianza para el Fomento del Aprendizaje y la Fundación para la Educación, Salud y recuperación del Medio Ambiente, organizaciones privadas que nunca rindieron cuentas. Hasta la fecha.
         La raíz del árbol del problema
         No sólo se trata de que se han tomado decisiones a veces equivocadas, a veces apresuradas, y a veces sin seguimiento. Tenemos el caso de los jubilados y pensionados del ISSSTE, a quienes el gobierno de Veracruz prometió que pagaría lo que se les debe, "quedaron de pagar en enero y no hay nada, no hay respuesta", como declaró Héctor Trigeda Galicia, dirigente de los jubilados.
         También está el pendiente de los casos impunes. La Auditoría Superior de la Federación (ahora a cargo de un veracruzano) observó irregularidades por más de mil millones de pesos en el último año de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez. Hasta hoy, no hay responsables, no hay señales de que la autoridad llamará a cuentas a los responsables, nada.

         Hay declaraciones, pero las palabras de los funcionarios se las lleva el viento. Unos anuncian que harán, y sus lacayos festejan los anuncios como si fueran hechos, pero no hay más allá. No hay mucho más.
         Desde el balcón
         Uno mira el fin del invierno y el principio de la primavera gallega. Un sol nuevo ilumina la malta en la copa y entibia el trago. Uno lee que la Auditoría Superior de la Federación descubrió irregularidades por más de mil millones de pesos en la secretaría de Salud en el último año de gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.
         Uno lee –sin creer– que Jorge Eduardo Sisniega Fernández, quien fue director administrativo de la secretaría de Salud, denunciado por irregularidades en el manejo de recursos de la dependencia, fue sancionado con una inhabilitación de cuatro meses para desempeñar cargos, empleos, o comisiones en el servicio público. Cuatro meses. Cuatro meses. Así cualquiera.
         En el balcón, uno alza la copa y brinda por la ética de la cuarta transformación. Viva México.