La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, acusó esta semana al Movimiento Ciudadano y a su dirigente Jorge Álvarez Maynez, de haber participado en las recientes elecciones municipales "con personjes vinculados a la delincuencia organizada, y con personajes que tienen vinculación directa" (sic).

El señalamiento de la señora no es poca cosa, dado el cargo que ocupa y las cosas que dijo. Casi de inmediato, sus corifeos aplaudieron el valor de la Gobernadora y declararon que en Veracruz no hay lugar para el crimen. Dan risa: citan opiniones de analistas y reporteros, y denuncias ante autoridades electorales, como si las acusaciones fueran pruebas de algo.

Poca cosa


Habría que recordar el escandalito que se armó cuando el líder morenista del Senado y el líder morenista de la Cámara de Diputados cruzaron acusaciones de haber cometido irregularidades en la concesión de contratos, y cada uno calificó de infundios y falsedades lo que dijo el otro.

Pese a los tamaños políticos de los protagonistas del altercado, y a las implicaciones de lo que decían uno del otro, la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el episodio como "un asunto menor" que tenía que resolverse en el seno de Morena, y no en público.

"Y si tienen algo que denunciar, pues que se denuncien", dijo Sheinbaum para zanjar el "malentendido".


Si tienen pruebas, que las presenten: AMLO

Pero las ganas de evitar las obligaciones legales cuando se denuncia una complicidad con delincuentes no son nuevas. Lo vimos en los gobiernos priistas y panistas, y lo seguimos viendo en el gobierno de Morena.

Andrés Manuel López Obrador, quien mostró una facilidad extraordinaria para lanzar acusaciones sin ofrecer pruebas de lo que decía, pedía a quienes acusaban a gobernantes morenistas de tener nexos con grupos narcotraficantes:


"Si tienen pruebas, que las presenten", repitió una y otra vez el mandatario sin pensar que él mismo hacía señalamientos sin evidencias, ignorando la letra de la ley, que entonces era la ley: Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público, como señala el artículo doscientos veintidós del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La obligación de hacer lo que dicta la ley

La gobernadora Nahle tendría que hacer precisamente lo que dicta la ley. De poco o de nada sirve que se pare ante un micrófono y haga lo que hizo López Obrador (y lo que hacía el ingeniero Cuitláhuac García Jiménez cuando era gobernador): hacer declaraciones sin fundamento.


Quizá lo más delicado del asunto es que la señora dio nombres y señales de quienes, según ella y sus asesores, son militantes de Movimiento Ciudadano y tienen nexos con el narcotráfico.

Pero omitió hacer lo que tenía que hacer: Quien en ejercicio de funciones públicas tenga conocimiento de un hecho que le ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente (…) Quien tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes.

Más allá del potencial difamatorio de las palabras de doña Rocío, sus asesores tendrían que recordarle que no se gobierna haciendo declaraciones, y mucho menos cuando lo que dice tiene más que ver con su partido que con las instituciones del Estado a las que representa, o tendría que representar.


Desde el balcón

Hace calor. Hace mucho calor. La malta se adormece en la copa que se entibia en la mano aunque uno esté en la sombrita. Los vencejos del jardín de las monjas Clarisas pían sin parar y vuelan enloquecidos en el cielo del mediodía.

Uno lee sin creer que Donald Trump y quienes lo rodean están destruyendo a los Estados Unidos. Uno lee sin creer.