2 de febrero de 2023
alcalorpolitico.com
Más allá de las buenas intenciones y las bondades de la cuarta transformación, la semana pasada se repitió el discurso presidencial contra el Poder Judicial mexicano, uno de los tres que la Constitución establece para equilibrio político y mejor servicio de la República.
No sé qué pensará quien haya oído o leído lo que dijo Andrés Manuel López Obrador: la Suprema Corte de Justicia es un nido de corrupción, que permite a la mayoría de los Ministros servir al viejo régimen bajo la influencia de los conservadores en vez de dedicarse a perseguir a los jueces venales que envenenan al país.
En las entrañas de la Suprema Corte de Justicia "están metidos los conservadores (...), los de la UNAM, los periodistas y articulistas del conservadurismo y los intelectuales alcahuetes del régimen corrupto, todos ahí", según el titular del Poder Ejecutivo, que no es ni más ni menos que el Judicial o que el Legislativo según la ley.
La primera reflexión que provoca el discurso presidencial es que nadie es dueño de la nación ni de las instituciones. La segunda es que los poderes de la Unión son independientes y soberanos. La tercera es que resulta inevitable relacionar las invectivas del mandatario con el análisis del plan B de su reforma electoral en la Suprema Corte.
Hay que recordar que López Obrador también ha impugnado la honestidad del Instituto Nacional Electoral de muchos modos – ante las quejas de que las reformas que propone podrían poner en riesgo las elecciones, ha declarado que "quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo".
Al contrario, el presidente aseguró que son los funcionarios electorales quienes permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas, quienes se roban los paquetes y permiten la compra del voto.
El choro mareador no para ahí. Ante la creación del proyecto Colectivo por México, se vio con claridad la lógica de nuestros días: Cuauhtémoc Cárdenas, quien contribuyó de muchas maneras al ascenso político de López Obrador, es ahora parte del conservadurismo nacional.
Aunque Cárdenas tiene la estimación y el respeto del presidente, y fue precursor del movimiento que llevó a la izquierda al poder, es un adversario porque "estamos viviendo un momento de definiciones", dijo López Obrador. "Es estar con el pueblo o la oligarquía, no hay más, no hay justo medio". En otras palabras, el que no está conmigo está contra mí.
La ley Nahle
No. La Suprema Corte no echó abajo el artículo once de la Constitución de Veracruz. Lo que hizo fue declarar que tener hijos nacidos en territorio del estado no otorga a los padres el derecho de ser ciudadanos veracruzanos. Todo lo demás sigue como estaba.
El asuntico de los hijos tiene que ver con el hecho de que la señora Nahle nació en Zacatecas, y al parecer quiere ser gobernadora de Veracruz. Como la Constitución local es clara (según el artículo once, son veracruzanos los nacidos en el territorio del Estado y los hijos de padre o madre nativos del Estado, nacidos en territorio nacional o en el extranjero), el Congreso decidió modificar la ley, agregando que tener hijos en Veracruz hace que los padres sean veracruzanos.
La reforma, conocida como Ley Nahle porque solamente beneficia a la secretaria de Energía, fue hecha al vapor, aprobada al vapor y se publicó al vapor. Pero el oficio del reportero enseña a dudar de todo y a buscar la palabra y el espíritu de las leyes que por fortuna todavía rigen en México.
En el caso de la residencia, encontré que la Constitución federal establece (artículo ciento dieciséis) que sólo podrá ser gobernador de un estado "un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios". Pero no define qué es la residencia.
Leí que la Constitución veracruzana (artículo once) explica que es veracruzano quien nace en el estado o quien tiene padre veracruzano o madre veracruzana, o los dos. Nada hallé nada más. La ley veracruzana también menciona a los vecinos – residentes –, que son quienes viven – residen – cuando menos un año en alguna parte del territorio estatal, pagan las contribuciones y contribuyen para los gastos del municipio (artículo doce).
La ley también señala (artículo trece) que la vecindad – o residencia – "no se pierde por ausencia en el desempeño de algún cargo de elección popular, comisión oficial o con motivo (sic) del cumplimiento del deber de participar en defensa de la patria (sic) y de sus instituciones".
O sea que quedamos como estábamos. En pocas palabras, todavía no se puede determinar si la señora Nahle es o fue veracruzana. Y eso será asunto de jurisconsultos aunque seguirá siendo material de columnas y temas de columnistas, que para eso estamos.
Desde el balcón
De los Alpes baja un soplo seco y frío que hace tiritar todo lo que toca. Se llama La Bise.
Uno agita la malta entre dedos entumidos y sabe que es hora de ir a Asturias, y decide que no habrá entradas en este diario de un reportero hasta dentro de dos semanas, o algo así. Algo había que hacer.
No sé qué pensará quien haya oído o leído lo que dijo Andrés Manuel López Obrador: la Suprema Corte de Justicia es un nido de corrupción, que permite a la mayoría de los Ministros servir al viejo régimen bajo la influencia de los conservadores en vez de dedicarse a perseguir a los jueces venales que envenenan al país.
En las entrañas de la Suprema Corte de Justicia "están metidos los conservadores (...), los de la UNAM, los periodistas y articulistas del conservadurismo y los intelectuales alcahuetes del régimen corrupto, todos ahí", según el titular del Poder Ejecutivo, que no es ni más ni menos que el Judicial o que el Legislativo según la ley.
La primera reflexión que provoca el discurso presidencial es que nadie es dueño de la nación ni de las instituciones. La segunda es que los poderes de la Unión son independientes y soberanos. La tercera es que resulta inevitable relacionar las invectivas del mandatario con el análisis del plan B de su reforma electoral en la Suprema Corte.
Hay que recordar que López Obrador también ha impugnado la honestidad del Instituto Nacional Electoral de muchos modos – ante las quejas de que las reformas que propone podrían poner en riesgo las elecciones, ha declarado que "quien ha hecho valer la democracia en el país ha sido el pueblo".
Al contrario, el presidente aseguró que son los funcionarios electorales quienes permiten el relleno de urnas y la falsificación de actas, quienes se roban los paquetes y permiten la compra del voto.
El choro mareador no para ahí. Ante la creación del proyecto Colectivo por México, se vio con claridad la lógica de nuestros días: Cuauhtémoc Cárdenas, quien contribuyó de muchas maneras al ascenso político de López Obrador, es ahora parte del conservadurismo nacional.
Aunque Cárdenas tiene la estimación y el respeto del presidente, y fue precursor del movimiento que llevó a la izquierda al poder, es un adversario porque "estamos viviendo un momento de definiciones", dijo López Obrador. "Es estar con el pueblo o la oligarquía, no hay más, no hay justo medio". En otras palabras, el que no está conmigo está contra mí.
La ley Nahle
No. La Suprema Corte no echó abajo el artículo once de la Constitución de Veracruz. Lo que hizo fue declarar que tener hijos nacidos en territorio del estado no otorga a los padres el derecho de ser ciudadanos veracruzanos. Todo lo demás sigue como estaba.
El asuntico de los hijos tiene que ver con el hecho de que la señora Nahle nació en Zacatecas, y al parecer quiere ser gobernadora de Veracruz. Como la Constitución local es clara (según el artículo once, son veracruzanos los nacidos en el territorio del Estado y los hijos de padre o madre nativos del Estado, nacidos en territorio nacional o en el extranjero), el Congreso decidió modificar la ley, agregando que tener hijos en Veracruz hace que los padres sean veracruzanos.
La reforma, conocida como Ley Nahle porque solamente beneficia a la secretaria de Energía, fue hecha al vapor, aprobada al vapor y se publicó al vapor. Pero el oficio del reportero enseña a dudar de todo y a buscar la palabra y el espíritu de las leyes que por fortuna todavía rigen en México.
En el caso de la residencia, encontré que la Constitución federal establece (artículo ciento dieciséis) que sólo podrá ser gobernador de un estado "un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de los comicios". Pero no define qué es la residencia.
Leí que la Constitución veracruzana (artículo once) explica que es veracruzano quien nace en el estado o quien tiene padre veracruzano o madre veracruzana, o los dos. Nada hallé nada más. La ley veracruzana también menciona a los vecinos – residentes –, que son quienes viven – residen – cuando menos un año en alguna parte del territorio estatal, pagan las contribuciones y contribuyen para los gastos del municipio (artículo doce).
La ley también señala (artículo trece) que la vecindad – o residencia – "no se pierde por ausencia en el desempeño de algún cargo de elección popular, comisión oficial o con motivo (sic) del cumplimiento del deber de participar en defensa de la patria (sic) y de sus instituciones".
O sea que quedamos como estábamos. En pocas palabras, todavía no se puede determinar si la señora Nahle es o fue veracruzana. Y eso será asunto de jurisconsultos aunque seguirá siendo material de columnas y temas de columnistas, que para eso estamos.
Desde el balcón
De los Alpes baja un soplo seco y frío que hace tiritar todo lo que toca. Se llama La Bise.
Uno agita la malta entre dedos entumidos y sabe que es hora de ir a Asturias, y decide que no habrá entradas en este diario de un reportero hasta dentro de dos semanas, o algo así. Algo había que hacer.