Entonces vino la Suprema Corte y declaró que poner a la Guardia Nacional bajo control de la secretaría de Defensa violenta la letra y el espíritu de la Constitución, porque – como explicó Norma Piña, la presidenta de la Corte – hay seguridad nacional y hay seguridad pública o ciudadana, y las funciones de seguridad pública son de competencia exclusiva de las autoridades civiles".

Ocho de los once ministros estuvieron de acuerdo con esa interpretación de la ley. La reacción presidencial – llena de calificativos y vacía de argumentos legales – fue que ellos "actuaron de manera facciosa y no con criterio jurídico sino político, defendiendo las antiguas prácticas del régimen autoritario y corrupto".

Los ministros, dijo el presidente, "están muy alineados a la política del bloque conservador, del supremo poder conservador", y su conservadurismo es "supino, notorio, de dominio público". Cosas así, ofensas y descalificaciones ya comunes en el vocabulario de López Obrador.


El asunto terminó, por lo pronto, en que el mandatario anunció que presentará un proyecto de reforma constitucional cuando se instale el próximo Congreso, a finales del año que viene, aunque lo que es inconstitucional ahora seguirá siendo ilegal entonces...

El derecho de saber

Y de pronto, aunque no tanto, el secretario de Gobernación declaró que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) es "un lastre burocrático, oneroso, opaco e innecesario, que poco o nada ha servido para evitar la corrupción y garantizar la transparencia, y que hoy defienden aquellos que aman la simulación". Zas.


Las palabras del funcionario no sorprendieron a nadie, porque son eco de lo que ha dicho el presidente López Obrador: el instituto "no sirve para nada. Nada más era una fachada para encubrir las corruptelas de los funcionarios", que sólo simula combatir la corrupción. Es una criatura de los neoliberales y los conservadores y los que no se han convencido de las bondades de la cuarta transformación, en pocas palabras.

Pero ni uno ni otro ha revelado en qué se basan sus acusaciones. Aunque la secretaría de la Función Pública de la cuarta transformación no está de acuerdo ni con el presidente ni con el secretario de Gobernación. Para la SFP, el Inai es un organismo público autónomo "encargado de facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y el acceso y protección (sic) de los datos personales, promover la cultura de la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas del gobierno a la sociedad".

El Inai – o lo que ahora conocemos como Inai – fue fruto del trabajo de intelectuales y políticos (entre ellos Jenaro Villamil, quien ahora es presidente del sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano y se hace eco de las palabras presidenciales) que se reunieron en Oaxaca a principios del siglo y determinaron que el derecho a la información es un derecho humano universal, que la información pública pertenece a las personas, y que el Estado tiene la obligación de publicar y entregar la información que posee mediante procedimientos ágiles y costos mínimos.


A muchos les basta que el presidente diga algo para aceptarlo sin duda alguna. A muchos no, sobre todo si se dicen cosas pero no se presentan pruebas, no se dan nombres, no se ofrecen hechos que avalen lo que se dice.

No bastan ya las descalificaciones presidenciales a los conservadores y a los neoliberales – como si ser una cosa u otra, o las dos, anulara automáticamente los derechos ciudadanos – ni las no tan veladas amenazas a las instituciones que no convienen al gobierno pero que satisfacen, a veces, la sed popular de saber cuánto.

Desde el balcón


Uno pasa la mano sobre la mata de tomillo y la mano huele a lo que huele un lápiz al que uno le saca punta, a lo que olía el salón de tercer año cuando uno iba a la escuela y el mundo era joven. Ese perfume y ese recuerdo bien valen un sorbo de malta mientras la vista vaga sobre la montaña tan cerca y tan lejos.

Pero la memoria va y viene. Uno piensa en los viajes – ciertos o inventados, de lujo o de medio pelo – del secretario de la Defensa, y no entiende por qué la respuesta oficial es quejarse del espionaje de Estados Unidos en vez de negar o explicar lo que dice el reportaje de Ignacio Rodríguez Reyna sobre lo que se gasta en transporte y alojamiento cada vez que el funcionario sale del país.

Otro sorbo de malta. La primavera es larga y Porto y Pontevedra son una promesa cada vez más cercana, aunque el mundo ya no sea joven, porque nada es como era antes.