Después de todo, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez tenía razón. Hay jueces que actúan de manera perversa y política, y eso pone en grave riesgo la gobernabilidad de Veracruz. Lo que no dijo es que esos jueces - y juezas, para quienes prefieren lo inclusivo – son del Poder Judicial del estado.

Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados, encontró que "los jueces en Veracruz tendrían la instrucción de notificar a sus superiores cuando van a resolver algún asunto que se considera relevante... además recibirían llamadas o mensajes desde la presidencia del Tribunal Superior de Justicia donde se instruiría el sentido en que deben resolver".

Los jueces de control de Veracruz no cuentan con independencia, sino que "reciben instrucciones de la propia presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, para fallar en uno o en otro sentido cuando son asuntos relevantes".


Uno lee el documento de nueve páginas que Satterthwaite envió al gobierno de México sobre el caso de la jueza Angélica Sánchez Hernández, "en represalias por su decisión sobre la concesión de un amparo en un caso de alto impacto de Veracruz", y se da cuenta de la seriedad del asunto.

La respuesta de García Jiménez – quien admitió que solamente había leído fragmentos del documento – fue que la notificación no estaba en papel membretado, "ni fue dirigida a mí ni al gobierno de Veracruz; fue dirigida al gobierno de México... Si es alta comisionada, ¿por qué no lo rotuló?"

El ingeniero también cuestionó a la relatora, quien es profesora de Leyes y directora de la Clínica de Justicia Global de la escuela de Derecho de la universidad de Nueva York, además de encabezar el Instituto Bernstein de Derechos Humanos y el Centro de Derechos Humanos y Justicia Global.


"Yo no sé si la Relatora Especial sepa qué es libertad jurisdiccional", dijo el ingeniero García Jiménez, antes de declarar que ahora entiende "por qué la ONU no puede resolver la guerra en Ucrania".

Nadie le dijo

Aquí tiene uno que volver al tema de los asesores, o de quien sea responsable – bueno, es un decir – de la imagen del gobernador.


Nadie le dijo que no hay una alta comisionada de Derechos Humanos: el titular de la oficina es el austriaco Volker Türk (Michelle Bachelet fue alta comisionada hasta diciembre del año pasado), ni que los relatores especiales dependen directamente del Consejo de la ONU para los Derechos Humanos.

Nadie le dijo que la Organización de las Naciones Unidas se comunica únicamente con los gobiernos de los países, de las naciones, y no con administraciones estatales. Nadie le dijo que el gobierno de México recibió el documento hace dos meses, y que el gobierno de México declinó – no pudo o no supo o no quiso – responder al informe.

El documento dice que transcurridos sesenta días, "esta comunicación y toda respuesta recibida del gobierno de su Excelencia (Andrés Manuel López Obrador) se harán públicas a través del sitio web" de los informes, y estarán disponibles posteriormente en el informe habitual que se presentará al Consejo de Derechos Humanos.


Por lo pronto, el gobierno de Veracruz tendría que proporcionar información sobre los fundamentos de hecho y de derecho del arresto de la juez Sánchez, y explicar cómo esas acciones cumplen con las obligaciones de México en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, y tendría que indicar qué medidas ha tomado para garantizar la independencia de jueces y magistrados.

Alguien del gobierno federal no le dijo al ingeniero que se había recibido el documento de la profesora Satterthwaite, ni le explicó de qué se trataba, ni le pidió explicaciones, ni nada. Lo dejaron hacer el ridículo solo. Lo de Ucrania es otra cosa, y dice mucho de la visión política del ingeniero García Jiménez.

Desde el balcón


Uno sale y siente el calor y oye el silencio de los insectos. La malta brilla en la copa de septiembre.